Los ecologistas también piden que se compense a la población local.
El acuerdo firmado por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, durante su primer visita oficial a España, establece iniciar una negación para retirar los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada de Palomares, en referencia a la radiactividad que dejó la caída accidental de varias bombas nucleares de un avión estadounidense en 1966.
En enero de 2016 se cumplen 50 años del accidente de Palomares, una pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería), en el sur de España.
En enero de 1966, un bombardero estratégico B-52 cargado con cuatro bombas termonucleares sufrió un accidente mientras repostaba en vuelo.
Dos de las cuatro bombas se abrieron, ardieron y contaminaron con plutonio las tierras de Palomares.
Hasta 2007 en que fueron valladas, todas las zonas contaminadas eran de acceso público y en ellas se cultivó y se movieron tierras, lo que constituyó un verdadero riesgo para la población local, denuncia la organización ecologista.
Tras la limpieza, "se obligó a muchos habitantes de la zona a firmar compromisos de que no reclamarían ninguna indemnización por los daños causados".
Ecologistas en Acción se muestra esperanzada por la firma del acuerdo "que debería poner fin al problema", pero lamenta que el acuerdo sea "confidencial", lo que "no nos permite saber los términos exactos en que se ha firmado y las posibles contrapartidas que ha otorgado el Gobierno español".
Para Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del CIEMAT y miembro de Ecologistas en Acción "son los EEUU quienes deben hacerse cargo de pagar la limpieza del territorio y de llevarse las tierras contaminadas, que ocuparán un volumen enorme, de unos 50.000 metros cúbicos".
"EEUU es responsable de ese accidente y de no haber puesto fin a esta contaminación heredada de la guerra fría", estima el científico al agregar que "deberían haberla solucionado sin contrapartida alguna".
Por otro lado, "se debería compensar a los habitantes de la zona por los daños sufridos en su salud, en la imagen del pueblo y en su economía y desarrollo", reclama Castejón.
"Han sido casi 50 años de convivencia con el plutonio, sometiéndose a análisis para ver si sufrían contaminación, con el consiguiente estrés", afirma, "además, se dieron unos 180 episodios de personas contaminadas, cuyos efectos para la salud todavía están por determinar".
[Sputnik]
19/10/15
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